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Justicia para unos, impunidad para otros.

Hace unos días la justicia chubutense imputó a dos vecinos de Puerto Madryn por publicar noticias falsas sobre el Covid-19. A ambos se les imputará el artículo 211 del Código Penal que establece penas de hasta 6 años de prisión para quienes generen información falsa en las redes sociales en medio de una pandemia.

¿Denunciará Arcioni a la periodista Silvina Cabrera por publicar información falsa sobre coronavirus?En ambos casos, las personas anunciaban en sus redes sociales nuevos casos de coronavirus en la ciudad portuaria, cosa que generó mucho revuelo y miedo en la población.

Afortunadamente, la justicia, con mucho tino, tomó cartas en el asunto y les inició acciones las legales que correspondían. En los próximos meses, esas personas deberán pagar por el caos y el daño ocasionado a miles de personas que creyeron que el virus estaba en la zona y temieron por sus vidas.

¿Qué pasa cuando la justicia no mide con la misma vara y quienes deben informar con la verdad difunden calamidades que no existen?

Si bien no es simpático para este medio hacer periodismo de (seudos) periodistas, creemos que es fundamental ser extremadamente rigurosos con las noticias, más aún teniendo en cuenta el poder que tenemos los comunicadores en tiempos de pandemia, donde la población está sensible al extremo.

Quienes pertenecemos a los medios sabemos que todo lo que decimos tiene consecuencias en la gente que nos lee, escucha o mira. Absolutamente todo. Y debemos ser responsables al extremo de cada gesto, cada palabra y cada renglón que escribimos.

En tiempos tan sensibles y de tanto miedo como el que vivimos no podemos permitirnos anuncios rimbombantes que no están chequeados o que buscan generar miedo y pánico en la población. Esas cosas no pueden pasar como un error de cálculo o un dato mal chequeado. La justicia y la sociedad deben castigar a esos falsos comunicadores que no aportan su granito de arena para sobrellevar la desgracia.

Lo cierto es que la periodista (?) Silvina Cabrera anunció el 16 de abril a las 21.11 que “a las 22hs el ministro de salud dará a conocer el segundo caso de coronavirus en Chubut”. Y agregaba, de forma contradictoria, que “el ministro no hablará porque está en camino a Esquel. El gobierno está preparando un comunicado de prensa”.

¿Denunciará Arcioni a la periodista Silvina Cabrera por publicar información falsa sobre coronavirus?

Por supuesto que el anuncio nunca ocurrió y el segundo caso positivo de coronavirus se detectó varios días después. Hasta ahora, la justicia no tomó cartas en el asunto, sin embargo el mensaje se difundió, el pánico se apoderó de gran parte de la población que creyó que empezábamos a ser vulnerables a la pandemia.

Quienes tenemos la enorme responsabilidad de comunicar en tiempos de pandemias y de crisis mundiales somos doblemente responsable porque hay muchísima gente maneja su humor, su estado de ánimo y su salud en función de lo que dicen los medios.

No es aceptable que en este contexto que un comunicador salga a anunciar catástrofes, desgracias o noticias que infunden terror cuando no ocurrirán. Si la justicia no tiene la valentía de poner las cosas en su lugar, la sociedad, siempre más valiente, dejará de creerle y consumirla.

¿El Gobernador, el Ministro de Salud de Chubut sumado al Procurador General Jorge Miquelarena que tanto pidieron a la sociedad cesar con estas acciones miserables tendrán los “cojones” de denunciar este ilícito y ponerse al frente de lo que solicitaron?

¿Denunciará Arcioni a la periodista Silvina Cabrera por publicar información falsa sobre coronavirus?

El exjefe de la comisaría Quinta de Comodoro, el comisario Juan José Ale, denunciará penalmente al jefe de Policía Miguel Gómez y al subjefe Néstor Gómez Ocampo; como así también al director de Recursos Humanos de la plana mayor, porque cree que incurrieron en maniobras delictivas al sacarlo intempestivamente de la Jefatura de la dependencia y que buscaron después una excusa para justificar su desplazamiento.

Así lo anticiparon en las últimas horas allegados al comisario Ale, confirmando un adelanto que hizo Crónica esta semana, cuando se conoció que a Ale lo habían relevado de un día para el otro por disposición de la Jefatura de Policía, pese a que un gran número de vecinos que viven en la jurisdicción de la seccional Quinta manifestaron su desacuerdo en una nota que enviaron a las altas autoridades policiales.

El jefe de Policía, Miguel Gómez salió días después a decir por este mismo diario que a Ale lo habían desplazado de su cargo por no cumplir con un protocolo de informar los hechos delictivos que tenía a la Brigada de Investigaciones para que el personal de esa dependencia los investigue.

Ahora se conoció que Ale va a denunciarlo a Gómez y a su segundo por delitos de “abuso de autoridad” y que será patrocinado en esa presentación judicial que haría la semana que viene por los abogados Gastón Bordier y Tamara Castro, los mismos profesionales que le han pedido el juicio político al ministro de Seguridad Federico Massoni y a otros miembros del gabinete del gobernador Arcioni.

Ale, según sus allegados, también denunciaría persecución hacia él y su familia.

La denuncia que presentará Provincia está dirigida a Santiago Goodman, Marcela Capón y la Atech como sindicato, para que paguen los costos de las reparaciones a los edificios de la Legislatura y Casa de Gobierno. Aseguran que esta presentación exhibe “la persecución” a los trabajadores.

“Siguen persiguiendo a los trabajadores y no se hacen cargo de nada”, fue el planteo de una dirigente docente a diario EL CHUBUT en torno a la intención manifiesta de la gestión de Mariano Arcioni para que paguen por los destrozos en los dos edificios históricos de la Provincia.

El ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos del Chubut, Gustavo Aguilera, luego de recorrer las instalaciones de Casa de Gobierno y la Legislatura la semana pasada, ya había adelantado que los trabajos serían arduos por la profundidad de los destrozos causados.

El día 20 de septiembre, ya se había adelantado que Fiscalía analizaba presentar una demanda y que se habrían identificado a algunas personas que participaron de los ataques.

El ministro de Salud, Adrián Pizzi, advirtió que publicará los nombres de lo médicos “antivacunas” porque “vacunarse es un derecho”, dijo el funcionario.

Este tipo de prácticas ocurren sobre todo en el ámbito privado. «Vamos a hacer público quiénes son los médicos que no recomiendan vacunación, porque es una ley y un derecho que tiene que estar garantizado. Esto no se negocia», determinó. No descartó aplicar sanciones al entender que están violentando un derecho.

En el lanzamiento de la «Campaña Invierno 2019», Pizzi, acompañado por Adrián Maderna en Trelew, hizo un fuerte llamado de atención a los médicos que suscriben a esta nueva tendencia de no vacunar a los niños, que viene ganando adeptos en todo el país.

El ministro de Salud envió un claro mensaje a la ciudadanía de absoluto rechazo a estas prácticas. «A la mamá embarazada o que su hijo asiste el pediatra: si su médico le dice que no hay que vacunarlo le están mintiendo y está siendo estafada. La perspectiva de vida era mucho menor cuando no había vacunas», dijo Pizzi.

El movimiento antivacunas se viene instalando en diversas partes del mundo, y Chubut no es la excepción. Pizzi reconoció que acá «todos los años vemos que alguien en busca de ser diferente o de alejarse de la norma o por moda no recomienda las vacunas».

Lejos de esto, Pizzi refirió que si las enfermedades inmunoprevenibles hoy no son las principal causa de muerte, es precisamente gracias a que se aplican estas campañas de vacunación. «A la comunidad anti-vacuna un llamado de atención: es un derecho de los niños y todas las personas, una estrategia probada a nivel mundial. No tienen que dejarse estafar por alguien que irresponsablemente les imparte una recomendación de no vacunarse», setenció.

La vacuna como derecho

Al dirigirse a los presentes, Pizzi transmitió el saludo del Gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y destacó que «nosotros tenemos un posicionamiento político-sanitario claro: la vacunación es un derecho».

A su vez, el titular de la cartera sanitaria, que en la oportunidad se vacunó contra la Gripe, explicó que «la campaña de invierno no solo implica la vacunación antigripal y antineumococo, sino disponer todo el sistema de salud para la atención de las patologías respiratorias».

En tal sentido, realizó «un reconocimiento al equipo de salud, a la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología y a todos los Departamentos de Prevalentes de las Areas Programáticas de Salud y los hospitales de la provincia, que minuciosamente planifican a qué población tenemos que llegar».

Asimismo, Pizzi invitó «a la comunidad a que se sume a la campaña, para que cumplamos con nuestro objetivo, que es aplicar alrededor de 109.000 dosis de vacunas antigripales», teniendo en cuenta que la población objetivo es de 105.000 personas y que los niños reciben dos dosis.

A su turno, el intendente Adrián Maderna resaltó la importancia de que el Ministerio de Salud y el Municipio de Trelew «sigan articulando políticas públicas y trabajando en conjunto, para tratar de anticiparse a las diferentes problemáticas», y puso en valor especialmente «el recurso humano» del sistema sanitario provincial.

 

 

El Chubut

El gobernador Mariano Arcioni, advirtió que “exigirá a todos los funcionarios que presenten su declaración jurada de bienes en los próximos días. El que no lo haga deberá irse del gobierno”.

Aseguró que su gobierno “estará siempre del lado de la Justicia” y que de ninguna manera “permitirá la permanencia en el Gobierno de funcionarios que hayan defraudado la confianza que el Gobierno y la gente depositaron en ellos para que lleven adelante políticas de Estado”.

Así se refirió a las cinco detenciones del Operativo El Embrujo: el exsecretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves, además de su esposa, otro funcionario de la Privada de la Gobernación y dos empresarios.

“Vamos a colaborar con la Justicia para que estos hechos que desde ya repudiamos sean esclarecidos lo antes posible. Este gobierno está del lado de la gente honesta y no de quienes toman al Estado como un botín para enriquecerse. Si alguien lo hizo nos tendrá en la vereda de enfrente y haremos todo cuanto la Justicia requiera para llegar a la verdad”.

Por eso “en los próximos días tomaremos decisiones fuertes para tener un mayor control en las determinaciones que se tomen en el Estado con el objetivo de asegurar el desempeño de quienes tienen responsabilidades públicas”.

“La ciudadanía puede quedarse tranquila porque cuidaremos de sus bienes como lo marca la Constitución” y que “aquel que no lo respete no estará en este gobierno. Nosotros no guardamos la basura debajo de la alfombra. Al contrario. La sacamos y la mostramos”.

En este escenario, esta mañana el procurador general, Jorge Miquelarena denunciará en la Fiscalía Federal de Rawson espionaje ilegal.

Cabe recordar que alguien involucrado en los servicios de inteligencia habría alertado a Correa de que lo investigaban.

El propio Correa de forma intencional en un diálogo telefónico nombra a Miquelarena y afirma que lo tienen “apuntado”.

“Es un hecho extremadamente grave que conoce el Consejo Federal de Procuradores. Tuvimos filtraciones absolutamente ilegales”, aseguró Miquelarena, quien revelará con quién, dónde y por cuánto tiempo estuvo reunido Correa en Capital Federal.

Los ambientalistas creen que debido al hecho de que Silvina Cabrera se negará a filmar la presentación de Iniciativa Popular haya sido enviada como espía por el polemico empresario Fabricio Cardini, dueño del Grupo Azul Media (Diario Web de Madryn, canal 9 Comodoroy portal Chubut Hoy), asimismo creen que también reporta información calificada de los ambientalistas al Gobierno ya que Federico Massoni le paga sueldo a través de la policía y la habría mandado de infiltrada para que saque fotos de los presentes.

La ambientalista trewlense, Noreli Vasil, opinó en su red social Facebook:

«Silvina Cabrera asistió a la presentación de Iniciativa Popular y se va sin transmitir»

«Hoy mientras hacíamos la presentación de la Iniciativa Popular, vi acercarse a Silvina Cabrera, la persona que tiene Azulmedia y publica vivos hasta de cuando toma la sopa, de repente no estaba, se había ido sin transmitir!»

«¿Me pregunto por qué una “periodista” no transmite algo tan importante para el pueblo como lo es la iniciativa popular?»

«¿Cómo cuando toda una provincia está esperando una información, esta persona decide no informarla? No lo entendía. Hasta que me llegó esto». (Ver Fotos)

«Es la misma (Silvina Cabrera) que hizo la nota diciendo que la asamblea de vecinos contra la megamineria “se infiltra” en las marchas».

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La ambientalista trewlense Noreli Vasil opina por medio de su red social Facebook:

«Silvina Cabrera asistió a la presentación de Iniciativa Popular y se va sin transmitir»

«Hoy mientras hacíamos la presentación de la Iniciativa Popular, vi acercarse a Silvina Cabrera, la persona que tiene Azulmedia y publica vivos hasta de cuando toma la sopa, de repente no estaba, se había ido sin transmitir!»

«¿Me pregunto por qué una “periodista” no transmite algo tan importante para el pueblo como lo es la iniciativa popular?»

«¿Cómo cuando toda una provincia está esperando una información, esta persona decide no informarla? No lo entendía. Hasta que me llegó esto».  (Ver Fotos)

«Es la misma (Silvina Cabrera) que hizo la nota diciendo que la asamblea de vecinos contra la megamineria “se infiltra” en las marchas».

Fuente: Noreli Vasil /Ambientalista

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Puede ser un hecho insólito pero al parecer, la periodista Silvina Cabrera, es merecedora de recibir tres sueldos.

Uno por parte de la Policía del Chubut a través del ministro de Seguridad, Federico Massoni.

El otro, seria del Grupo Azul Media, a través del polémico empresario, Fabrizio Cardini y por si fuera poco también es nómina de la Honorable Legislatura de Chubut, presidida por el Vicegobernador Ricardo Sastre.

🙆🏻‍♀️🧐 ¿SILVINA CABRERA RECIBE TRES SUELDOS Y ALGUNOS MÁS?Al parecer la periodista Silvina Cabrera, recibe tres…

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Viernes, 16 de octubre de 2020

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En un contundente informe que les brindaron a los abogados que en las próximas horas denunciaran penalmente al polémico ministro de Seguridad de Chubut, se conoció que al Juzgado Federal de Rawson llegaron más de 4.000 actuaciones realizadas por la policía contra supuestos infractores a la cuarentena y que de las 2.600 que llevan analizadas hasta el momento el 90 por ciento han sido anuladas por estar mal hechas.

En ese porcentaje entrarían además aquellas personas a las que les secuestraron el auto y las demoraron, pese a que podían circular al estar exceptuadas por el DNU presidencial.

Desde la Justicia Federal aseguran también que nunca se ordenó el secuestro de vehículos, en el marco de las actuaciones que se hacían en la provincia por infracción al Artículo 205 del Código Penal, pero la policía de Massoni igual lo hacía.

¿Cómo justificaba Massoni y su gente esa incautación? Llevando el caso a una infracción a la ley de tránsito y dándole intervención al juez municipal de Faltas.

La falta del seguro al día, alguna documentación que el titular no poseía al momento del control o que no tenía en regla, eran justificativos que se buscaban al momento de sacarle el vehículo y dejar a pie al supuesto infractor a la cuarentena, en un claro y total abuso de autoridad.

Los doctores Gastón Bordier y Cintya Castro, los abogados comodorenses que van a llevar a Massoni ante la Justicia, han hecho hasta el momento un excelente trabajo recolectando valiosa información, juntando pruebas e individualizando testigos. Ellos son los que denuncian al ministro de Seguridad por una sucesión de graves delitos junto a otros integrantes del gabinete del gobernador Mariano Arcioni.

Los delitos que denuncian tienen que ver con una presunta mala administración de la cuarentena, la desobediencia al DNU del Presidente y a una disposición de una jueza Penal de Trelew.

Aunque también habría otros ilícitos y más graves. Ahí aparecerían hechos de espionaje ilegal llevados a cabo por Massoni y su gente en los que estaría involucrado el “mano derecha” de Massoni; el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal Federico Pérez Mariani.

Como ya se informó: los que también aparecen denunciados por una participación casi secundaria en las maniobras presuntamente ilícitas son el ministro de Salud Fabián Puratich y la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud, Jimena Marcos.

Al ministro de Gobierno y Justicia José María Grazzini, por ejemplo, que también aparece entre los denunciados, le endilgan “no haber cumplido con el protocolo nacional del Covid 19 –tal como se había comprometido delante de la jueza Mirtha del Valle Moreno—y sin embargo habría aceptado la transferencia de la plataforma provincial “Te Cuidamos”, que otorgaba permisos de circulación sin tener competencia la provincia para hacerlo.

La denuncia y sus fundamentos tienen varias fojas y hasta podría convertirse en una “megacausa”, porque los letrados denunciantes dejan lugar para que con la producción de las pruebas que solicitan puedan llegar a sumarse nuevos imputados.

Los abogados Bordier y Castro son los mismos que han presentado ya hace unas semanas un pedido de juicio político contra Massoni en la Legislatura del Chubut.

El linchamiento es una modalidad de violencia mediante la cual una muchedumbre ejecuta a un presunto delincuente sin juicio previo, pero con la pretensión de administrar justicia.

La misma descripción es válida para los casos en que alguien, con el poder suficiente para hacerlo, logra que una persona sea víctima del escarnio público y perseguida por todos los medios disponibles intentando desmoronar su credibilidad para apartarlo de sus funciones.

Fernando Rivarola es el jefe de la Fiscalía de Rawson con competencia para investigar al Poder Político de la Provincia, función que incluye los casos de violencia institucional. Actualmente interviene en varias denuncias por graves delitos atribuidos a funcionarios del gobierno de Mariano Arcioni. A modo de ejemplo, abrió una investigación contra el Ministro de Economía, Oscar Antonena, por mal manejo de fondos los públicos. Investiga al Ministro de Seguridad, Federico Massoni y al Director de Seguridad de la Policía del Chubut, Comis. Paulino Gómez y actúa en denuncias contra la Policía de la Provincia por detenciones ilegales y ejercicio abusivo de la fuerza policial.

El reciente escándalo mediático que tuvo como blanco al fiscal Rivarola aparece como una operación política dirigida a sacar de la cancha a quien se considera, dentro del propio Poder Judicial, como uno de los mejores cuadros con que cuenta hoy la Justicia del Chubut.

El pasado 3 de junio se publicó en El Diarioweb.com un artículo que se tituló de “La Manada del Chubut: ninguno de los hijos del poder irá preso”. La noticia, luego de una breve referencia a un acuerdo de juicio abreviado, concluye diciendo que para el fiscal un hecho de violación se transformó en un “desahogo sexual”.

Ya desde el vamos debe decirse que en la causa nunca hubo una acusación por delito de violación. Desde el principio la imputación contra los presuntos autores fue la de abuso sexual. La causa debía tener una estricta reserva, dispuesta por ley para preservar la intimidad de la víctima. Su indebida publicación dejó en evidencia graves fallas en la seguridad del sistema informático del Superior Tribunal de Justicia.

No es casual que la publicación haya usado sólo datos parciales del escrito del fiscal, pues si se hubiera conocido en su totalidad se habría podido comprender que el sentido del acuerdo era resguardar el interés y la salud psico-física de la víctima. Allí se acordó el reconocimiento de culpabilidad de los acusados (de gran relevancia para la joven), la reparación del daño ocasionado y la imposición de una pena de tres años de prisión en suspenso, sujeta a condiciones que, de no cumplirse, podrían transformar la pena en efectiva.

Tampoco parece casual que la malintencionada noticia se haya publicado el día 3 de junio, aniversario del movimiento “Ni una menos”, pese a que el escrito de Rivarola es de fecha 26 de mayo. O que se haya filtrado sólo unos días después de que el Ministro de Economía Antonena denunciara a Rivarola ante el Consejo de la Magistratura de Chubut.

La frase “desahogo sexual”, que provocó un inmediato y legítimo repudio social, fue claramente un error del fiscal. Sin embargo, justo es reconocer que se trata de una expresión que integra un sinnúmero de prácticas machistas que inficionan lo institucional y lamentablemente toda nuestra vida social. La perspectiva de género no es una condición que se adquiere de un día para otro, sino que se trata de un largo camino que la sociedad toda deberá transitar conjuntamente.

Hay que decir que en el ámbito judicial son muchas aún las decisiones que utilizan esa censurable terminología. Basta ingresar esa frase a Internet para ver que hace sólo unos meses el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en un conocido caso de Puerto Madryn, utilizó estas repudiables expresiones: “el taxista … pretendió algún tipo de desahogo sexual” o, también, quiso “imponer su deseo instintivo”.

Ese ejemplo sirve como muestra de que la indebida expresión empleada por el fiscal no explica por sí sola la enorme e inmediata reacción que se desató desde el poder político de la provincia, ámbito en el que no se conocía el contenido total del escrito y, menos aún, los detalles del caso.

La campaña de repudio contra Rivarola incluyó desde mensajes en Twitter de altos  de altos referentes políticos, locales y nacionales, hasta dos pedidos de Jury  de enjuiciamiento contra el fiscal, uno del propio gobernador Arcioni y otro de la secretaria del Ministro de Economía investigado. Por si esto fuera poco, el Colegio de Abogados de Trelew, presidido por la hermana del ministro Antonena, emitió un comunicado en el que solicitó al juez de garantías que rechazara el acuerdo y que fallara “con un mensaje ejemplar”.

El relato era simple: un fiscal, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, transformó un hecho de violación grupal en un acto de desahogo sexual. A partir de ese cambio los acusados, nombrados como los “hijos del poder”, no irían a la cárcel. La información sugería un hecho de corrupción: personas ricas comprando impunidad.

El caso, que desde el principio algunos grupos denominaron livianamente “la manada de Chubut” instaló una idea errónea en la opinión pública, al emparentarlo con una causa de violación grupal ocurrida en España, en el que se usó la expresión “manada” (que era el nombre del grupo de whatsapp de los agresores). El referido antecedente trataba hechos sustancialmente diferentes a los investigados por Rivarola.

Para mayor espectacularidad, a los acusados se los caracterizó como “los hijos del poder” cuando, en realidad, lo que se sabe es que alguno de ellos pertenecería a una clase social acomodada, pero sin vinculación actual aparente con el poder político o judicial.

Los hechos fueron descriptos en el acuerdo filtrado a la prensa (publicado íntegramente en el diario Jornada), y de allí surge con claridad que nunca existió prueba de la existencia de un delito de violación. La modificación legal hecha por el fiscal, de abuso sexual gravemente ultrajante a abuso sexual agravado por el concurso de varias personas, estuvo fundada en la dificultad probatoria para sostener en juicio la primer de esas figuras, en virtud del tiempo transcurrido y de la ausencia total de evidencia física y científica. El caso, ante la total ausencia de recuerdos de la víctima, debe resolverse a partir de testimonios, sólo uno de ellos presencial y el resto de personas que deponen sobre circunstancias periféricas.

El repudio social generado, a partir de una versión distorsionada de los hechos, llevó al juez a rechazar el pedido de juicio abreviado, llegando a afirmar que le resultaba repugnante que el acuerdo incluyera una reparación económica para la víctima. Desde una posición de pretendida superioridad moral, advirtió que no permitiría una justicia para ricos y otra para pobres, olvidando que en esta provincia se concedió hace pocos meses la Probation a empresarios acusados de hechos de corrupción. La falacia argumentativa del magistrado que deja sin reparación a la víctima -en el caso la acción civil está prescripta-, es un acto discriminatorio que puede resumirse en que las mujeres víctimas de un delito sexual, a diferencia de otras víctimas, no tienen derecho a una compensación. Habría que recordar que ese juez es el que dice que la violación de la perimetral en casos de violencia de género no es delito.

Al recurrir la decisión Rivarola dijo, con razón, que los fundamentos que da el juez muestran un total desconocimiento de las normas nacionales e internacionales que exigen al Estado propiciar y garantizar el resarcimiento patrimonial a quien resulte damnificada de hechos de violencia de género.

Es evidente la violación al principio de igualdad de la decisión del juez, pero no como privilegio de los imputados sino como revictimización de la joven damnificada. Por otro lado, el juez no puede desconocer que la solución de acordar un juicio abreviado es una alternativa frecuente en el proceso penal, no sólo en el ámbito local sino también a nivel nacional, sin que sea un obstáculo a esa salida la condición social del acusado. Cuando el imputado no puede afrontar la reparación, esa obligación legal pesa sobre el Estado.

Alguien, interesadamente, quiso hacer quedar a Rivarola como un villano cuando en realidad es el funcionario judicial que tiene a su cargo la mayoría de las causas contra miembros del ejecutivo provincial.

La suma de “errores”, argumentos sesgados o falaces y omisiones claramente intencionales, parecen indicar que desde el poder se construyó, con mucha eficacia, una ficción para instalar la falsa idea de un funcionario venal y alejado de la ley, cuando en realidad su actuación estuvo siempre dirigida a preservar el interés y la voluntad de la víctima. No les importó que el linchamiento mediático significara una gravísima revictimización de la joven damnificada, quien se vio en la necesidad de pedir que su caso no siguiera siendo debatido públicamente.

Este podría ser un ejemplo paradigmático de cómo se intenta construir impunidad desde el poder, generando escándalos para distraer a la sociedad, desviando su atención de la inédita crisis económica, política e institucional que atraviesa la provincia del Chubut.

Por Paloma R.