Chubut

Rechazaron solicitud de hábeas corpus por parte de internos en centros de detención

Durante una extensa audiencia desarrollada mediante el sistema de videoconferencias internos alojados en el instituto penitenciario provincial y en la alcaidía policial de Trelew hicieron una serie de peticiones intentando ampararse en los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el gobierno nacional y tratando de argumentar sobre flexibilización en las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad y las visitas permitidas dentro de las dependencias donde se encuentran.

Durante mas de tres horas diversos representantes de los alojados por diferentes delitos en los centros de detención expusieron tales peticiones, siendo representados legalmente por los defensores Abdón Manyauik y Sergio Rey, quienes fueron acompañados por los abogados García Palumbo y Sepúlveda. La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la funcionaria de fiscalía Marcela Guillén.

Provisión de medicamentos, elementos de higiene, acceso a celulares, ampliación de espacios educativos, pero fundamentalmente la flexibilización para el ingreso de visitas y los egresos de los internos desde aquellos lugares en que se encuentran alojados fueron algunos de los reclamos que expresaron internos como Jara, Rapimán, Alberto Williams y Oscar Romero entre otros.

La representante fiscal se opuso a esta presentación y solicitó el rechazo del hábeas corpus entendiendo que los decretos presidenciales aludidos refieren al general de la población, y en todo caso deben atenerse a los dictados que emanan del poder político y las decisiones que puedan delegar en los gobiernos provinciales, teniendo en cuenta que hoy las privaciones y disposiciones que se adoptan afectan a toda la sociedad, sin particularizar en ningún sector, debiendo tomarse las previsiones correspondientes.

Así lo entendió también la Jueza de ejecución María Tolomei, quien no aceptó el hábeas corpus solicitado, mas allá que resolvió tener en cuenta los pedidos para ir evaluando cada caso en particular. Por lo demás, manifestó la predisposición para que se adopten las medidas adecuadas que hacen a la permanencia de los internos en los lugares de alojamiento, privilegiando la prevención ante la pandemia, por lo que no pueden flexibilizarse las visitas ni los posibles egresos de aquellos sitios.

Cabe acotar que en una instrucción dada a los fiscales , el Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena expresa que le corresponde al Ministerio Público Fiscal el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar la eficacia del sistema de justicia, actuando siempre en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, con la objetividad que impone su marco de actuación, ello en toda materia socialmente trascendente y marcada repercusión social.

Expresa mas adelante que vale recordar y reafirmar que, ante todo, prevalece el deber del Estado de administrar justicia y aplicar el Derecho. En este contexto de emergencia sanitaria habrán de redoblarse los esfuerzos para mantener las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, satisfaciendo las necesidades de alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros, garantizando en particular que todas las unidades cuente con un acceso a la atención médica pertinente (Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Manifiesta luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia y resalta que frente a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos se requiera un análisis y requisitos más exigentes, en atención al bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de sancionar a los responsables de tales violaciones. Resulta necesario poner en conocimiento de todas estas cuestiones al Poder Ejecutivo Provincial, a efectos de que por intermedio de las dependencias administrativas que correspondan se adopten las medidas que permitan cumplir con los estándares referidos.

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