Chubut

Goodman: «No hay garantías para que puedan comenzar las clases»

Directivos de escuelas de Trelew y el Virch se reunieron con Santiago Goodman para evaluar el estado de las escuelas. Hay más de 40 establecimientos que siguen con problemas. La Atech pedirá inspecciones en los edificios para verificar si están en condiciones. Emitieron un duro documento contra el Gobierno de Arcioni.

Directivos de escuelas de Trelew, Rawson y Gaiman, ayer elaboraron un duro documento contra el Gobierno de Mariano Arcioni, y en él denunciaron que hay una «desidia» total en la política educativa y un «accionar sistemático y perverso de destrucción de la educación pública». El próximo martes, cuando retornen a las aulas, los docentes harán asambleas en todas las escuelas para definir si van al paro. En las bases empieza a instalarse que no están dadas las condiciones para comenzar las clases.

Los docentes ayer se juntaron en la Escuela Nº 730 de Trelew con el dirigente de la Atech, Santiago Goodman, para repasar en qué estado se encuentran las escuelas que el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a refaccionar este verano. Participaron directivos de escuelas de nivel inicial, primario, secundario y terciario.

La primera conclusión a la que llegaron es que hay un importante número de escuelas de la zona que no estarían en condiciones de recibir alumnos el miércoles 26 de febrero. En los papeles figuran más de 40 escuelas en la zona, en su mayoría de Trelew, con problemas eléctricos, calderas averiadas, goteras en los techos, baños colapsados, vidrios rotos y plagas, entre otras dificultades. Los docentes presentaron escritos con los detalles de las refacciones que el Ministerio de Obras Públicas todavía no concretó.

También los directivos expusieron que no alcanzan las partidas del Gobierno para hacer los boletines, libros de temas y demás registros básicos, y están llegando a un límite de tolerancia, porque desde hace años los vienen pagando de su bolsillo.

Inspecciones en escuelas 

Santiago Goodman indicó que solicitó que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo haga inspecciones en todos los edificios escolares para constatar si cumplen con las normas de seguridad, salubridad e higiene, para albergar a docentes y alumnos. «Hablamos con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es contralor de edificios, y tiene un protocolo para ver cómo son los baños, si funciona la calefacción, y el mismo inspector después te dice sí o no. Ese dictamen es clave, pero no tiene fuerza de policía», explicó.

Según Goodman, en aquellas escuelas que no estén habilitadas directamente no podrán comenzar las clases, aunque también en aquellos establecimientos que sí cumplan con los requisitos, hay otras razones por las que podrían llevar a hacer paro, como los sueldos y las partidas escolares. La decisión de cerrar las escuelas se toma en forma conjunta entre el directivo, Supervisión y Delegación, dijeron fuentes del Gobierno.

«Hay escuelas mayoritariamente que no están en condiciones de iniciar y aquellas que están en condiciones están con estos otros atenuantes; las partidas y el transporte. Te sentás con los directores y ves un cúmulo constante de problemas y la ausencia del Estado en responder», acotó Goodman.

Más allá de los sueldos 

Goodman comprendió el reclamo de los docentes, que no solo se ciñe a lo salarial, sino que también denuncian una «situación de desidia del Gobierno» que hace que sea imposible dar clases. «Si no se inicia al ciclo lectivo no podés cargar de responsabilidad a un director que tiene palomas en la escuela. Pedís partidas dos o tres meses; ponen una vaquita entre todos y pagan los docentes. ¿Qué somos los trabajadores, apóstoles?», se preguntó.

En ese esquema, Goodman planteó que la falta de conducción en materia educativa está llegando a una situación límite. «Llegan partidas de 4.000 pesos para papelería y un libro de actas sale 1.000 pesos, y un libro para preceptoría sale 1.500 pesos. Parece una burla, estamos llegando a un límite en lo que ha sucedido durante estos últimos años de desidia en términos de política educativa y salarial por parte del Gobierno», concluyó.

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