Cordillera

La comunidad de El Hoyo expresa su disconformidad por los aumentos

«La única verdad es la realidad. Me acerqué hasta el municipio con la intención de pagar mis impuestos por adelantado, pero me encontré con la sorpresita de que sobre los $8 mil pesos que pagué el año pasado, ahora debo $30 mil, más del 300% de aumento”, reflejó ayer un comerciante de El Hoyo en la puerta de la comuna.

A su lado, una vecina detalló que “las tasas del terreno, que el año anterior me costaron $2.400, ahora se fueron a $6.800, una locura. Con esos valores, no conviene pagar por adelantado. En mi caso, que se olviden, voy a pagar tras cada vencimiento porque la misma inflación va a ir licuando semejante incremento. Será que tienen que juntar plata para pagar más de 30 funcionarios políticos que entraron con la nueva gestión”, se preguntó.

En respuesta, el presidente del Concejo Deliberante, César Salamín, recordó que la ordenanza tributaria en vigencia “fue aprobada por el cuerpo legislativo anterior y promulgada por el actual Poder Ejecutivo” y que contempla “no solo el aumento del valor del módulo, sino que también se incrementa en cantidad, por ejemplo para las cabañas”.

Cabe recordar que el ex intendente Daniel Cárdenas intentó vetar la norma en el último día de su mandato, pero –según se denunció- “la empleada que intentaba llegar a las oficinas legislativas con las resoluciones 660 y 661, fue violentamente increpada por Fabio Carrieri y Martín Costa (secretarios de Pol Huisman), quienes sustrajeron de sus manos la documentación y actualmente no se sabe dónde está”. Lo concreto es que el módulo fue incrementado en alrededor del 62%, con el argumento de actualizarlo conforme al índice inflacionario; sumado a la quita de beneficios del 50% que hubo durante 2019 por la crisis del hanta virus y la reducción del porcentaje para los contribuyentes que abonan por adelantado, que se traduce en incrementos concretos del 300 y hasta el 400 por ciento.

“A esta altura de mi vida, no voy a pedir permiso a nadie para hablar”, ironizó ayer Salamín en referencia a la “mordaza” impuesta por la actual gestión a sus funcionarios. Enseguida se refirió al “presupuesto 2020, que está en comisión para ser tratado a partir de los primeros días de febrero, cuando arranquen las sesiones ordinarias. La idea es escuchar a todos los vecinos, algunos ya han venido a reclamar por sus derechos”, graficó.

No obstante, valoró que “el Estado tiene que seguir andando y la gente también reclama por el mantenimiento de las calles o la recolección de residuos, servicios que tienen un costo de funcionamiento”, al tiempo que reconoció que “quizás debimos haber tratado los aumentos con mayor minuciosidad. Lo cierto es que en este contexto no conviene pagar todo junto al comienzo del año, yo haría lo mismo”.

Juzgado de Faltas

En otro orden, César Salamín justificó la eliminación del Juzgado Municipal de Faltas (aprobada la semana pasada por mayoría) porque “no estaba funcionando como debiera ser. Tampoco el Concejo Deliberante puede crear un organismo así, porque pertenece a otro poder del Estado y no es facultad de los ediles. El tercer poder es el Juzgado de Paz y en ese sentido la ley de corporaciones municipales es clara”, reiteró. Al respecto, graficó que el Poder Ejecutivo “tiene un área de Inspectoría General que aplica las infracciones y lleva adelante las multas. Nosotros derogamos la ordenanza que creo el Juzgado de Faltas”, recalcó.

De igual modo, el titular del cuerpo deliberativo negó que “la variable de ajuste sean los empleados municipales”: “Acá no hubo despidos, sino que varios contratos cayeron el 31 de diciembre y se fueron revisando puntualmente. En muchos casos, se encontraron personas sobre las que no pudimos saber dónde prestaban servicios, explicó”.

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