Causas Embrujo y Revelación

Todavía sigue el ida y vuelta entre el fiscal Nápoli y un imputado

Martín Castillo, dueño de Industrias Bass, diseñó un prolijo cartel para mostrar en detalle la cronología de los cobros por la multimillonaria obra del Muelle de Puerto Rawson e intentar demostrar que comparando las fechas de la acusación, no pudo haber coimas. Le imputan pagarle un retorno de $ 100 mil a Diego Correa para destrabar certificados de obra por $ 76 millones.
El fiscal Marcos Nápoli le respondió con “severas contradicciones” tanto en su testimonio e incluso entre el imputado y su propio defensor Abdón Manyauik. El tema consumió la mañana y parte de la tarde de la audiencia preliminar del Caso Revelación en la Oficina Judicial de Rawson.

En su exposición de casi una hora, el empresario describió los múltiples “problemas administrativos” que atravesó para cobrar. La primera licitación de la obra fracasó en noviembre de 2014. “Pero el muelle colapsaba, se caía y no se podía operar. Corrían riesgo esa temporada pesquera y las siguientes”. Se debió hacer una adjudicación directa con un dictamen de urgencia que firmó el gobernador Martín Buzzi. En junio de 2015 empezó la construcción. “Pudimos certificar sólo hasta octubre”, dijo Castillo.

La tercera Gobernación de Mario Das Neves no resolvió los problemas de cobro. “Hicimos un pronto despacho para Alejandro Pagani, ministro de Infraestructura. Es la acción más fuerte que puede hacerle una empresa a un funcionario, de ahí ya se pasa a la acción legal”.

“Cuando empezó la zafra no podíamos trabajar porque la gente de la pesca nos sacó de la obra: estibadores, camioneros, Flota Amarilla, claramente no podíamos convivir”, describió.

Castillo reclamaba a Provincia deuda de varios meses, intereses, gastos improductivos, redeterminación de precios y la liberación de la zona para poder trabajar. El mismo reclamo fue para el ministro coordinador Víctor Cisterna y el secretario de Pesca, Alberto Gilardino.

En 2017 por fin se liberaron fondos extraordinarios por $ 20 millones y la obra quedó lista antes de la zafra.

En enero de 2018 Castillo envió una “contundente intimación” al ministro de Economía, Pablo Oca. Es que Industrias Bass sobrevivía vendiéndole al Banco Chubut los certificados de obra al 80% de su valor real. “Pero en un acto público el gobernador (Mariano Arcioni) declaró el default y planteó alegremente que no le iba a pagar a nadie. ¿Cómo nos íbamos a financiar? Cuando dijo eso pasaron a valer nada, no los compró nadie”. Según Castillo, “cumplimos con la obra para que la zafra pudiera hacerse pero no nos cumplían”.

“Lo peor es que en diciembre cerramos por vacaciones y no podíamos pagar absolutamente nada. Tomamos un crédito de un millón de dólares a las 15 y a las 10 del otro día ya no había plata porque habíamos pagado todas las deudas”, graficó.

Castillo aseguró que Correa jamás le pidió plata y que no conoce a Diego Lüters. “Intimé al ministro que debía firmar los certificados, al dueño de la lapicera, no al amigo del dueño. Intimé con contundencia a los funcionarios con los cuales al otro día me tenía que sentar. Probablemente hay varios caminos para resolverlo, pero nosotros siempre hicimos lo que administrativamente debíamos hacer”.

El empresario deslizó que “pude acogerme a una probation pero estoy acá explicando cómo fueron las cosas realmente. Necesito el sobreseimiento. La empresa tiene 23 años, la fundé yo y no fue por la obra pública. Es vergonzoso que un proveedor de EE.UU. no me pueda vender porque me dice que estoy en una causa por corrupción”.

Por la falta de pago, su relación con Oca “no era la mejor. Es muy duro intimar a un funcionario”.

Cuando afirmó que no conocía a Das Neves más que por lo institucional, el fiscal Marcos Nápoli le recordó un discurso del gobernador en un acto en Trelew en 2011: aquella ocasión el mandatario lo trató como “mi amigo Castillo”. También le hizo notar que las cartas documento de intimación que la empresa le mandaba a Fontana 50 tenían la dirección en Trelew del estudio jurídico de Diego Martínez Zapata, que ya era fiscal de Estado.

El fiscal advirtió sobre la relación de Castillo con Bianca Di Martino, oficial de cuentas del Banco, y con Lüters y Correa. “Ella me decía que eran sus informantes”, se defendió el imputado. Nápoli retrucó con el “frenético intercambio de mensajes” de Lüters, Correa y Di Martino hallados en los celulares.

El defensor de Castillo, Abdón Manyauik, apuntó que según la acusación, a mediados de 2016 había órdenes de pago de Infraestructura atrasadas. “Es falso porque las órdenes las emite Economía. Fiscalía dice que de octubre de 2016 a octubre de 2017 cobró 76 millones. O sea que cobraba antes del supuesto acuerdo ilegal y no necesitaba pagar, aunque el Gobierno de Das Neves fue un gobierno de favores”.

El 7 de abril de 2017 Castillo habría acordado el retorno, según la versión fiscal. “O sea –dijo Manyauik- que acordó con Correa el pago de algo que ya estaba cobrando. ¿Qué necesidad tenía de darle $ 100 mil si ya estaba destrabado en julio? Nos haría falta el De Lorean de Volver al Futuro. La conducta de Castillo es la que debe hacer todo empresario: primero administrativo y luego judicial, no cobró por llamar a nadie sino por las intimaciones”.

En su respuesta, el fiscal Nápoli subrayó “contradicciones severas que nos posicionan aún mejor de cara al juicio”. Advirtió contradicciones entre los dichos del defensor con su cliente: “Uno dice que cobraba regularmente sin necesidad de coimear; pero el propio Castillo contó situaciones apremiantes para descontar certificados en el Banco”.

El fiscal pidió: “No nos convenció, no nos tomen por zonzos. Según Di Martino, Castillo le decía a ella que Lüters le había confirmado pagos, entonces lo conocía y nos mintió”.

También advirtió que la acusación no es que Pagani haya confeccionado de su mano órdenes de pago. “Pero sí daban órdenes para emitirlas, freezar o dar bolilla negra a los empresarios, todo generado al calor del poder político”. Nápoli explicó que pese a sus fuertes intimaciones, “lo cierto es que Castillo nunca hizo denuncias penales contra los funcionarios provinciales”.

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