Política

Alex Kicillof anunció el “lawfare” para justificar la designación de funcionarios

Axel Kicillof apeló al concepto del «lawfare» o guerra judicial para pasar por alto los procesamientos que pesan sobre dos exfuncionarios de Cristina Kirchner y poder nombrarlos en su gabinete. Lo hizo por escrito, a través de dos decretos.

Se trata de su ministro de Salud, Daniel Gollán, quien se encuentra procesado y fue enviado a juicio oral por las irregularidades en el Plan Qunita, acusado de fraude en perjuicio de la administración pública. El gobernador bonaerense también designó como titular de ARBA, la agencia de recaudación bonaerense, a Cristian Girard, un exfuncionario nacional que se encuentra procesado en la causa del dólar futuro.

En los decretos que se publicaron hoy en el Boletín Oficial, el titular del Poder Ejecutivo provincial justificó los nombramientos al interpretar que, en ambos casos, sus nuevos funcionarios fueron injustamente perseguidos por el Poder Judicial. Y apeló al concepto de «lawfare» o guerra judicial, para desestimar esos antecedentes.

Los fundamentos de los decretos señalan que tanto Girard como Gollán han «declarado bajo juramento» que se encuentran procesados «bajo una injusta persecución penal». Pero, acto seguido, el gobernador entiende por qué no debe ser tomado en cuenta ese procesamiento como un impedimento para acceder a la función pública.

«Dicho proceso se encuadra bajo el concepto de «lawfare», entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa», dicen los fundamentos de los decretos 6 y 14, donde se designa a Girard y Gollán, respectivamente.

«Que una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983, no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública», agregan ambos decretos, para concluir que tanto Girard como Gollán «reúnen en plenitud los requisitos establecidos», informó La Nación.

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