Chubut

Un escribano y un abogado de Rawson acusados de estafar a un millonario heredero

Junto a otra persona de la localidad valletana, están acusados de sacarle propiedades por valor de $ 28 millones a un joven incapaz que quedó solo en 2009 tras el brutal asesinato de su madre.

Una causa en la que se investigan las presuntas estafas en perjuicio de un joven de Gaiman que heredó numerosos inmuebles y varios vehículos valuados en unos 28 millones de pesos, llegó a una instancia en que los jueces deberán resolver sobre la impugnación presentada por los defensores de los acusados contra una decisión del juez José García, quien no hizo lugar a la posibilidad de la aplicación de medidas alternativas al no contarse con el consentimiento de la propia víctima, la querella y la Fiscalía.

Esta semana se realizó una audiencia en los Tribunales de Trelew, durante la cual los defensores insistieron ante los jueces para que se dé validez a una salida alternativa, que incluye la restitución de varios bienes involucrados en la presunta estafa.

Los imputados son Diego Armocida, quien es asistido por la defensora pública Romina Rowlands; el escribano de Rawson Agustín Ojeda Ton, representado por el defensor Gustavo Uad; y el abogado Daniel González, también capitalino, quien asumió su propia defensa en el caso.

Mientras que el fiscal general Fabián Moyano, la querella representante del joven perjudicado y la Asesoría de Familia, en las personas de Fernanda Baskov y Pablo Rey, se mostraron a favor de sostener la decisión del juez y seguir adelante con la causa.

Según la Fiscalía, la investigación del caso ha proporcionado elementos suficientes para someter a los tres imputados a juicio.

Detalles del caso

La víctima se llama Roberto Sartaja y es hijo adoptivo de Ana María Fontana, una docente jubilada de Gaiman que el 21 de agosto de 2009 fue brutalmente asesinada.

El joven, hijo único de Fontana y sin otros familiares que lo asistan, debió enfrentar solo y desvalido el control de una serie de bienes, cobro de alquileres, pago de las deudas y el manejo de fondos depositados en entidades bancarias.

Según confesó Sartaja en su momento, desconocía todo manejo al respecto y no tenía noción de la cantidad de bienes que había heredado de su madre. En la necesidad de organizar su situación, inició y concluyó los trámites sucesorios y a partir de allí tomó cabal conocimiento de los bienes que componía su herencia: doce propiedades inmuebles localizadas en Gaiman, Trelew y Playa Unión, además de dos vehículos.

A mediados de 2011, Sartaja conoció a Armocida, quien junto a su familia se fueron acercando con la promesa de apoyarlo y ayudarlo ante el difícil momento que le tocaba vivir. Armocida, que era dueño de una panchería que funcionaba en la plaza central de Gaiman, se fue ganando el afecto y confianza del joven y antes de finales de ese año le manifestó que lo estaban por desalojar de la chacra en donde vivía.

A raíz de esta situación, le manifestó a Sartaja la posibilidad de ocupar un espacio en la casa de la chacra en donde vivía la víctima. Así fue que se instaló en el lugar, puso llave y comenzó a manejarse como virtual dueño del lugar.

Armocida comenzó a interesarse por los bienes sucesorios de Sartaja, y también a ver las escrituras de las propiedades y los contratos de alquiler que celosamente guardaba la madre en la chacra donde vivían. Además, comenzó a presionarlo para reunirse con su abogado con el objetivo de recuperar el vehículo propiedad de su madre y que se encontraba secuestrado, dado que fue utilizado por quienes la asesinaron en 2009.

Finalmente, Armocida lo convenció de cambiar de abogado y de firmar unos papeles, entre otros trámites. Así fue que le hizo rubricar un poder judicial en la escribanía de Ojeda Ton a favor del abogado González. Armocida, a su vez, se hizo de todas las escrituras, documentos y contratos de alquileres de la madre de Sartaja.

En diciembre de 2011, el joven heredero comenzó a firmar varios documentos inducido por Armocida sin tener pleno conocimiento de las consecuencias legales de los mismos. Según la acusación de la Fiscalía, los tres acusados se repartieron tareas, abusándose de la inexperiencia y la incapacidad de la víctima.

El día 18 de junio de 2012, Armocida y el abogado González lo llevaron a la ciudad de Rawson con la excusa de firmar una documentación de importancia para su patrimonio. La rúbrica se hizo en la escribanía de Ojeda Ton. A través de la firma simultánea de varias escrituras, todas en un mismo día, la víctima vendió e hipotecó casi todas sus propiedades sin recibir un centavo a cambio.

Calificaciones

El Ministerio Público Fiscal les imputa a Armocida, el abogado González y el escribano Ojeda Ton la comisión del delito de estafa por captación de incapaz. También imputa a una persona identificada como Aristóbulo Villegas por el mismo delito, ya que este último participó en la administración de un bien inmueble perteneciente al joven, al que vendió haciéndose de un poder, obteniendo un vehículo y varios cheques a cambio. Villegas no participó del pedido de medidas alternativas, como si lo hicieron el resto de los imputados.

Ofrecimiento

En la audiencia de impugnación, los defensores hicieron saber que existieron reuniones donde se habría llegado a un acuerdo para una solución “alternativa”, admitiendo que se ofrecieron algunas propiedades para ser restituidas al joven y así dejar sin efecto el proceso penal, sin perjuicio de una causa civil. Además, pidieron ir a una instancia de mediación.

Sin embargo, tanto el fiscal como la querella manifestaron que si bien se llevaron adelante reuniones buscando arribar a algún acuerdo, en ningún momento existió el compromiso para aceptar una oferta de tal naturaleza.

La Fiscalía, además, expuso un peritaje determinando que el perjuicio al año 2017 era de casi 28 millones de pesos, lo que al día de hoy aumenta considerablemente. En tanto, la Asesoría de Familia informó que fue convocada en su momento por el juez para contener y asesorar al joven y no estaba al tanto de ningún ofrecimiento al respecto, por lo que adhería a la oposición fiscal y de la querella.

De esta forma, los jueces Adrián Barrios, Alejandro Defranco y Carina Estefanía, que participó desde Esquel a través de video conferencia, deberán resolver acerca de la decisión adoptada por el juez García, quien no hizo lugar al pedido de solución alternativa.

En tal sentido, los integrantes del Tribunal comunicaron que la resolución la darán a conocer el 6 de mayo a las 12:30.

 

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