Causas Embrujo y Revelación

Pedirán al menos 8 años para Correa y que devuelva los bienes

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, de la Unidad Anticorrupción, presentaron la acusación para elevar a juicio la causa «El Embrujo” que sindica a Diego Correa de liderar una asociación ilícita para cometer delitos dentro del Estado Provincial. “El daño se ve reflejado en la salida del monto millonario del patrimonio del Estado Provincial, que según la valuación, supera los 35 millones de pesos”, indicaron en su acusación.

Los doce acusados son Correa, exsecretario privado de la Gobernación y extitular de la Unidad Gobernador; Diego Lüters; Natalia Mc Leod; Daniela Souza; Sandro Figueroa; Juan Carlos “Tato” Ramón; el contador Federico Gatica; los exfuncionarios Christian Gisande y Rubén “Bedo” Reinoso; además de Darío Correa; Giulana Mc Leod, y Jorge Godoy.

Los fiscales presentaron 131 testigos para que declaren en el juicio oral. Incluye miembros de las divisiones de Criminalística y de Investigaciones de la Policía; profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Procuración General; funcionarios públicos y empresarios, entre otros. Hay más de 230 elementos de prueba documental. Los fiscales pidieron la inspección ocular de todos los inmuebles embargados y requirieron la reproducción de las intervenciones telefónicas obtenidas en la causa.

“Conductas delictivas”

Williams y Rodriguez sostienen que los acusados cometieron “conductas delictivas con lesión a varios bienes jurídicos, que van desde la tranquilidad pública, pasando por los delitos contra la administración pública, a la luz de las directrices de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hasta llegar al lavado de activos, los cuales afectan el orden financiero y económico del Estado”.

Correa está sindicado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. Los fiscales adelantaron que pedirán una pena no inferior a los ocho años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

 

 

Agencia Pais

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