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Hotesur: la UIF pidió que Cristina y sus hijos vayan a juicio

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Lo hizo ante el juez federal Julián Ercolini quien tiene que decidir si eleva a juicio el caso y mientras evalúa el pedido de todas las partes.

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la Justicia que envíe a juicio oral y público a la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Florencia y Máximo, por presunto lavado de dinero en el caso Hotesur por el alquiler de sus hoteles.

Lo hizo ante el juez federal Julián Ercolini quien tiene que decidir si eleva a juicio el caso y mientras evalúa el pedido de todas las partes, en el caso de la UIF querellante en el caso por el cual la expresidenta está procesada por lavado de dinero.

Ahora, se correrá vista a la Oficina Anticorrupción, también querellante en el caso, previo a definir si eleva a juicio el expediente.

El pedido de juicio ya fue formulado por los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y abarca además al empresario Lázaro Báez.

La causa es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, quien se encuentra detenido y actualmente es juzgado en la causa conocida como la “ruta del dinero K”.

“Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados”, sostuvieron los fiscales.

Bonadio, sobreseído

El fiscal Eduardo Taiano pidió sobreseer al juez Claudio Bonadio por el procedimiento en los allanamientos realizados en las propiedades de Cristina Kirchner, en la causa de los cuadernos de las coimas.

En agosto pasado, el abogado defensor de CFK, Carlos Beraldi, presentó una denuncia en los Tribunales de Comodoro Py contra Bonadio por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Para la defensa de Cristina, los allanamientos realizados en dos propiedades de la senadora, en el barrio de Recoleta y en Río Gallegos, expresan una “extraordinaria gravedad institucional” que además “de violentar garantías constitucionales básicas (inviolabilidad del domicilio y defensa en juicio), constituye un indebido entorpecimiento del ejercicio de la profesión de abogado”, ya que, según denuncia Beraldi, no le permitieron presenciar el operativo.

 

ambito.com

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