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Administración fraudulenta en Sarmiento: amplían la investigación e imputan a una empleada municipal

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En la sala de audiencias de la Oficina Judicial se desarrollo una audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial fue presidido por el magistrado Jorge Novarino. El Ministerio Publico Fiscal estuvo representado por la fiscal Laura Castagno. También participo la abogada Fabiana Uribe, en representación de la municipalidad de Sarmiento.

Los abogados de la Defensa Publica Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano son los asesores legales de los imputados Balochi, Camarda y Graciela Nuñez. La nueva imputada en la causa recibió el asesoramiento de la abogada Karina Aizpitiarte.

En la oportunidad Castagno relato los hechos registrados en la pieza de formalización de la  investigación . Luego identifico a los imputados y a la parte damnificada. También explico la calificación legal escogida y requirió mantener el plazo de investigación otorgado en la primer audiencia de esta causa.

Sobre la calificación legal la parte acusadora propuso que se investigue a Estela Rúa  como participe necesaria en la maniobra de defraudación.

También solicito que se le imponga la obligación de presentarse en las oficinas del área de criminalística a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas

Por su parte, los tres abogados defensores coincidieron en no realizar manifestaciones en esta etapa del proceso.

Finalmente, Novarino hizo lugar al pedido del Ministerio Publico Fiscal, teniendo por formalizada la investigación preparatoria de juicio respecto de Estela Rúa por el delito preliminarmente calificado como administración fraudulenta agravada por haber sido cometido contra la administración publica, en carácter de partícipe necesario. En este contexto, indico que el plazo de investigación establecido, es el que fue fijado en la primer audiencia.

Por ultimo dispuso convocar a una nueva audiencia los fines de dar lugar al tratamiento de pedido de ampliación de la investigacion, para otra persona denunciada en la causa.

Los hechos

La pieza de apertura de investigación presentada por el representante del Ministerio Publico Fiscal indica que el  2 de junio del 2015, mediante resolución N° 526/15, el ex intendente municipal  decidió instrumentar un proceso licitatorio para la construcción de la Obra Escuela de Artes y Oficios.

La fecha tope para la recepción de ofertas, fue establecida para el 3 de julio de ese año. En tanto, la apertura de sobres se programo para tres días después.

Asimismo, se publicaron avisos haciendo saber que el presupuesto de la obra sería de 8.352.136 pesos. Ante la falta de oferentes, el gobierno municipal resolvió prorrogar dichos plazos.

Así las cosas, el  7 de agosto de dicho año se procedió a la apertura de sobres, con dictamen legal y de la comisión de pre adjudicación.

En este marco, la construcción de la obra  se adjudico a la Empresa “Ledesma”. En este sentido, los investigadores  señalaron que en esta ocasión el presupuesto fue  por un monto de 10.406.079 pesos,  es decir  un 24,59% por encima del presupuesto inicial.

Por otra parte, la investigación sostiene que el 26 de noviembre del  2015 se adjudico la obra y el 2 de diciembre, se celebro el contrato de construcción de Escuela de Artes y Oficios entre el ex mandatario municipal y el representante de la Empresa Constructora “Ledesma y Cía. S.R.L”.

Al día siguiente, la empresa constructora solicitó un “Anticipo Financiero en Contrato”. La parte investigadora,  afirma que la compañía realizo ese pedido sin intervención de la Dirección de Rentas de la Provincia de Chubut y sin dar razones del apartamiento del pliego de bases y condiciones.

En tanto, el 4 de diciembre  Rubén Alberto Camarda (a cargo de la Intendencia Municipal)  con la participación de Graciela Nuñez ( a cargo de la Secretaria de Coordinación de Gabinete) resolvieron pagar el anticipo solicitado por la empresa Ledesma. El monto requerido fue  de 2.081,216 pesos.

En este contexto, Castagno  considero que el procedimiento resultó violatorio de las normativas existentes en la materia. El proceso establece que el Concejo Deliberante debe efectuar  la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12 mediante la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones.

Otra de las documentaciones incorporadas a la pieza enunciatoria, fue un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut. El organismo de control, comunico que se adjudicó la obra a la Empresa Ledesma , en un 24,59%, por encima del presupuesto inicial, sin precisar el mes base con el cual se calculó el precio.

También sostiene que los planos de obra, de planta, cortes,  y cálculo de estructura deberían tener aprobación municipal. Por otra parte, el ente controlador agrega que no surgen de los planos aportados de servicios de agua, cloaca, energía eléctrica y gas la firma de un profesional habilitado.

Por último, el Tribunal de cuentas afirmo que no existen constancias de partidas presupuestarias a la que se pretende afectar, ni saldos para la ejecución de la obra.

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