Petróleo

Los aportes de las petroleras se desparraman de norte a sur

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Pensar en desarrollos no convencionales en Neuquén es pensar en Vaca Muerta y, a veces, en la informalidad de nombrar, ocurre que la formación termina convirtiéndose en sinónimo de Añelo. Es que la localidad es la que recibe el mayor impacto de la industria hidrocarburífera, aunque no es tanto lo que derrama allí la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Este año, la provincia ejecutó obras y compró equipamiento por más de 393,3 millones de pesos que ingresaron en ese concepto por las 29 concesiones no convencionales otorgadas hasta ahora. A la ciudad que administra Darío Díaz le tocaron poco más de 5,2 millones de pesos, menos que los 5,9 millones que se ejecutaron en Los Miches, en el norte de la provincia.

Los envíos para Añelo fueron destinados este año a tres viviendas para la comisaría y equipamiento para la comunidad Painemil que incluyó la compra de skids y el cerramiento de su playón deportivo.

Los fondos de RSE los negocia el gobierno provincial al momento de firmar las concesiones con las operadoras. Ese dinero va a un fondo común cuyo destino lo termina decidiendo la provincia, sin que necesariamente se dirija a las localidades vinculadas a la nueva explotación.

En monto, Centenario fue la que salió más beneficiada en lo que va de 2018. Según el relevamiento realizado por el ministerio de Economía, el municipio de Esteban Cimolai sumó 30 millones para obras de electricidad y agua potable en la segunda meseta y un nuevo colector cloacal para la red principal. Le siguió los talones Neuquén con 29 millones de pesos en la ampliación de un centro de salud, la nueva comisaría 17, un salón de actividades físicas y agua potable para un asentamiento.

Otra ciudad de la Confluencia, Plottier, también recibió obras por un monto elevado de 24 millones para la refacción de un gimnasio, la EPET 19 y la compra de una alfombra de césped sintético. Le siguieron en inversión Cutral Co con 20 millones, Loncopué con 15 millones y San Martín con 11 millones.

Las compras y construcciones con el dinero de RSE pueden incluir tanto la ampliación de hospitales como la ejecución de un natatorio, una pista de skate o una camioneta 4×4 para el municipio. “La provincia y las empresas, de alguna manera, se ponen de acuerdo y determinan el tipo de obra que se va a realizar. No es una decisión unilateral de la provincia y tampoco de la empresa”, aseguró el ministro de Economía, Norberto Bruno.

El funcionario indicó que este año ingresaron alrededor de 170 millones de pesos por ese concepto, dado que se firmaron menos concesiones, y que las obras que se están ejecutando actualmente corresponden a dinero negociado en años anteriores, como 2016 y 2017. “Recién ahora se están estructurando los fondos para las licitaciones de este año”, explicó.

Las ciudades o pueblos que recibieron unas 62 obras por RSE este año fueron 29. Incluyeron los aportes de concesiones de áreas como Lindero Atravesado (PAE), Río Neuquén (YPF), Bandurria Centro (PAE), La Escalonada-Rincón de la Ceniza (Total y GyP) y Fortín de Piedra (Tecpetrol).

Por este último yacimiento, la más reciente estrella de Vaca Muerta, las llaves de una camioneta pick-up 4×4 llegaron a manos de un presidente de comisión de fomento a casi 400 kilómetros de allí. Carlos Burgos de Villa del Nahueve las recibió en julio pasado del gobernador Omar Gutiérrez.

Para el exgobernador Jorge Sapag el sistema de Responsabilidad Social Empresaria se había quedado corto y en 2014, presentó un proyecto de ley para crear un nuevo régimen. La iniciativa, que calificó de “superadora y moderna” incorporaba el concepto de “valor compartido” para las empresas y pretendía que las operadoras elaboren anualmente un plan de responsabilidad social, ambiental y comunitaria (Resac) con carácter de declaración jurada que tuviera en cuenta el cuidado medioambiental, la promoción de la economía social, el desarrollo de infraestructura comunitaria, entre otros.

El proyecto nunca fue debatido en la Legislatura y llegó a denunciarse que hubo “lobby” de las empresas para que no prospere en el recinto.

Para Sapag, el proyecto superaba el concepto de acciones de beneficencia contemplado por la RSE porque obligaba a las firmas “a justificar qué se hace y cómo” y a “equilibrar los objetivos económicos con las necesidades ambientales y sociales donde se inserta esa empresa”.

Diario Río Negro

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