Economía

Los gobernadores reclamarán en la Justicia por recorte de las asignaciones familiares

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La decisión del gobierno de Mauricio Macri de recortar, por decreto, las asignaciones familiares y quitarles el beneficio que tenían algunas jurisdicciones de la Patagonia y del Norte generó la inmediata reacción de los gobernadores, que ya amenazan con ir a la Justicia para buscar su derogación.

Arcioni tomó la iniciativa e insistió en la necesidad de conformar un “bloque patagónico” para resistirse a la medida.

Según declaraciones realizadas en el marco de los festejos por el 153º aniversario de Puerto Madryn, el mandatario aseguró que hoy presentará un recurso de amparo por la “quita en las asignaciones”.

“Perder el beneficio como zona desfavorable es resignar un derecho histórico adquirido por todos los habitantes de esta región donde claramente los costos de vida son más elevados y desde el Gobierno central, algunos, se proponen no reconocer”, sostuvo Arcioni.

También expusieron sus quejas los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, jefes de Estado de dos provincias afectadas por la baja y la unificación de las asignaciones.

“Las medidas son una feroz muestra de centralismo, es un ajuste contra la Patagonia. Impacta sobre las familias más humildes. Es menos poder de compra en el supermercado, menos litros de leche, menos pan, menos útiles escolares que es a lo que van destinados estos recursos”, expresó Bertone, mientras que Urtubey aseguró que “si el déficit fiscal se pretende solucionar con una centralización cada vez mayor, va a ser peor el remedio que la enfermedad”.

También expusieron sus críticas durante el fin de semana los senadores justicialistas Miguel Pichetto (Río Negro); José “Nato” Ojeda (Tierra del Fuego) y Mario Pais (Chubut), así como el oficialista Eduardo Costa, de Santa Cruz, quien se despegó de la medida.

La decisión de recortar las asignaciones familiares y eliminar los beneficios por “zona desfavorable” generaría un ahorro para el fisco de unos $5000 millones anuales. Se trata de un medida más tendiente a lograr achicar el gasto y cumplir con la meta fiscal pactada con Fondo Monetario que este año asciende al 2,7% del PBI pero en 2019 baja al 1,3%.

 

 

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